Una estructura prefabricada de favores
El entendimiento entre José Gregorio Bracho Reyes, diplomático venezolano en Turquía, y Selim Bora, presidente de la compañía constructora Summa, fue a la vez catalizador y subproducto del proyecto urbanístico ‘Hugo Chávez’ de Playa Grande, que acaba de quedar en ruinas con el doblete sísmico del 24 de junio y hoy se encuentra en proceso de demolición. Mientras Bracho se hacía de un apartamento en Barcelona (España), pidió a su cuñado, el entonces vicecanciller Calixto Ortega, que nombrara a Bora como Cónsul Honorario de Venezuela en una exclusiva ciudad-balneario del Mediterráneo.
El colapso del complejo habitacional "Hugo Chávez" en Playa Grande, estado La Guaira, tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, dejó al descubierto no solo la fragilidad de las estructuras prefabricadas donde residían cientos de familias, sino también una compleja trama de influencias y prebendas diplomáticas. De acuerdo con una investigación publicada por el portal periodístico Armando.info, la asignación y ejecución de este proyecto urbanístico estuvo directamente vinculada a un intercambio de favores entre el entonces embajador de Venezuela en Turquía, José Gregorio Bracho Reyes, y Selim Bora, presidente de la constructora turca Summa. El caso, que actualmente mantiene las estructuras del complejo en proceso de demolición, devela cómo se gestionaron contratos millonarios bajo el amparo del poder político.
El colapso material de una "maravilla" costera
Las imágenes posteriores al movimiento telúrico del 24 de junio revelaron que las 196 torres del complejo, erigidas entre los años 2011 y 2015 en el litoral central venezolano, presentaban serias deficiencias estructurales. Los corresponsales y sobrevivientes reportaron la presencia de esqueletos metálicos doblados y hundidos, cubiertos por un material aislante que se asemejaba a la gomaespuma. Según el reporte de Armando.info, dicho componente era en realidad fibra de vidrio colocada como aislante térmico entre láminas de yeso (drywall) y perfiles plásticos de color celeste que recubrían las fachadas exteriores de los edificios.
Esta realidad constructiva contrasta con las declaraciones ofrecidas en agosto de 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez, quien durante una inspección televisada calificó la obra como "una maravilla" y aseguró que contaba con una "tecnología muy apropiada" para las condiciones climáticas del sector costero. En aquel momento, la inspección formaba parte de las actividades de su última campaña presidencial. No obstante, los documentos analizados en la investigación periodística demuestran que el sistema de construcción rápida empleado por la firma turca Summa no garantizó la sismorresistencia necesaria para el área del desastre.
La diplomacia del beneficio mutuo
La relación entre la constructora turca y el cuerpo diplomático venezolano comenzó a gestarse formalmente a finales de 2010. Conforme a los registros obtenidos por Armando.info, el 9 de diciembre de ese año se produjo el primer encuentro en Caracas entre Selim Bora y José Gregorio Bracho Reyes, quien ejercía como cónsul de Venezuela en Ankara desde septiembre de 2008. A partir de esa reunión, la velocidad de los trámites estatales aumentó de forma considerable.
Tres días después, el 12 de diciembre de 2010, Bracho Reyes facilitó una reunión en la Casa Amarilla entre el empresario turco y Nicolás Maduro, quien para la fecha se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. El proceso culminó el 16 de diciembre de ese mismo año en el Palacio de Miraflores, donde el propio Hugo Chávez recibió a la delegación de la constructora para concretar los proyectos de vivienda. Este encadenamiento de reuniones exprés permitió que Summa, una empresa que hasta entonces no registraba operaciones en Venezuela pero poseía experiencia en obras de infraestructura en África y Europa del Este, obtuviera la adjudicación del desarrollo habitacional en Playa Grande.
Un consulado honorario a cambio de contratos
Paralelamente al avance de las obras civiles en el estado Vargas (renombrado La Guaira en 2019), los vínculos personales entre el diplomático venezolano y el empresario turco se estrecharon. La investigación de Armando.info señala que Bracho Reyes, tras haber ascendido al cargo de embajador de Venezuela en Turquía en agosto de 2012, intercedió directamente ante la Cancillería venezolana para beneficiar a Selim Bora, al tiempo que adquiría una propiedad inmobiliaria en la ciudad de Barcelona, España.
El 3 de febrero de 2013, Bracho Reyes envió una comunicación oficial a su cuñado, Calixto Ortega Ríos, quien fungía como viceministro para Europa y posteriormente ocuparía una magistratura en el Tribunal Supremo de Justicia. En dicha correspondencia, el embajador solicitó formalmente el nombramiento de Selim Bora como "Cónsul General Honorario de la República Bolivariana de Venezuela" en la provincia turca de Bodrum-Mugla, una cotizada zona turística del Mediterráneo. En el texto de la petición no se detallaban méritos consulares o profesionales de Bora, más allá de ser el presidente de la constructora Summa. El propio empresario respaldó esta aspiración en diciembre de 2014 mediante una carta enviada a Nicolás Maduro, en la que argumentaba que la construcción de las 2.336 viviendas en Playa Grande justificaba su idoneidad para representar los intereses del Estado venezolano en territorio turco.
Los costos de un urbanismo deficiente
El análisis financiero de la obra expone un elevado uso de recursos públicos para un sistema de construcción de paneles ligeros. Los documentos presupuestarios recopilados en la investigación periodística señalan que el valor promedio por cada solución habitacional del complejo "Hugo Chávez" alcanzó los 76.287 dólares. Esta cifra resulta inusualmente alta si se consideran los materiales prefabricados empleados en las fachadas e interiores de los edificios, los cuales mostraron un comportamiento deficiente ante la actividad sísmica registrada el pasado mes de junio.
El desenlace del proyecto de Playa Grande evidencia las consecuencias de una gestión pública donde los criterios técnicos de construcción y la contraloría financiera quedaron subordinados a los acuerdos políticos y diplomáticos privados. Mientras las familias afectadas observan hoy la demolición de las estructuras que debían garantizar su seguridad habitacional, los expedientes revelan cómo la asignación de obras de interés social sirvió de plataforma para el intercambio de favores y el posicionamiento de intereses particulares entre Caracas y Ankara.
