Veppex: “Un venezolano no debe perder su asilo simplemente porque Maduro ya no ocupe la Presidencia”
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió este 5 de septiembre que la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia no implica, por sí misma, el fin de la persecución política en Venezuela. La organización se pronunció sobre una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) emitió una advertencia el pasado 5 de septiembre sobre los riesgos que enfrentan miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos, tras una reciente resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración de ese país (BIA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con un reporte del portal web Runrun.es, la organización sostiene que la eventual salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República no se traduce de manera automática en el cese de la persecución política en el territorio venezolano. El pronunciamiento surge ante el temor de que las autoridades migratorias estadounidenses desestimen las solicitudes de protección internacional bajo el argumento de un cambio generalizado en las condiciones de la nación suramericana.
El debate se centra en el impacto real que tienen las transiciones políticas sobre las estructuras de poder y los sistemas de seguridad del Estado. Para la organización de exiliados, la sustitución del mandatario no garantiza la desaparición de los riesgos individuales para quienes huyeron del país por motivos políticos, debido a que los mandos medios, las fuerzas policiales y los grupos civiles armados que ejecutaron la persecución suelen conservar su capacidad operativa y de influencia en las comunidades locales.
La resolución de la BIA y el precedente legal
El origen de la preocupación de los activistas radica en el caso denominado Matter of A-E-V-M-, resuelto por la BIA. Según los datos difundidos por Veppex, en este expediente la junta estadounidense determinó que la salida de Maduro y la consiguiente transferencia del poder representan un cambio en las condiciones de Venezuela, un elemento doctrinario que los tribunales de inmigración deben tomar en cuenta al momento de analizar y decidir sobre las peticiones de asilo de los ciudadanos venezolanos.
Esta interpretación jurídica introduce una variable de vulnerabilidad para las personas que mantienen procesos abiertos en Estados Unidos. La normativa de asilo estadounidense prevé que si las condiciones del país de origen cambian de tal manera que el solicitante ya no tiene un temor fundado de sufrir persecución, la protección puede ser denegada o incluso revocada. No obstante, la organización de exiliados argumenta que esta premisa resulta insuficiente cuando se aplica a la realidad venezolana, donde la violencia política y el control social se encuentran descentralizados y arraigados en diversas instituciones públicas.
La permanencia de la estructura de persecución
El argumento central de la organización de exiliados es que el relevo en la jefatura del Estado no equivale al desmantelamiento inmediato de los organismos que han ejecutado las políticas de control y amedrentamiento. En sus declaraciones, la plataforma cuestionó la efectividad real de una transición en la cúpula si los funcionarios de los cuerpos de inteligencia, los mandos militares intermedios y los colectivos armados leales al gobierno anterior permanecen activos y con cuotas de poder dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La organización insiste en que el aparato represivo posee una inercia propia que va más allá de la figura presidencial. Los funcionarios que participaron en detenciones arbitrarias, interrogatorios o actos de hostigamiento continúan en sus puestos o conservan la capacidad de ejercer represalias contra los opositores que intenten regresar al país. Por lo tanto, la mera ausencia de la figura principal del ejecutivo no elimina el peligro real para quienes fueron identificados formalmente como adversarios políticos.
Datos de represión y el informe de Veppex
Para sustentar su postura, la organización hizo referencia a su propio informe titulado "La persecución política continúa en Venezuela", presentado el 1 de agosto de 2026. En dicho documento se expone que las medidas de amnistía parcial y las excarcelaciones selectivas registradas en el país no han significado la disolución de los mecanismos institucionales utilizados para limitar las libertades ciudadanas y perseguir a la disidencia.
A estas afirmaciones se suman los registros de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país. De acuerdo con los datos de Foro Penal citados por la organización, para el momento del pronunciamiento se contabilizaban 328 presos políticos en las cárceles venezolanas. Asimismo, el reporte destaca la persistencia de procesos judiciales abiertos, medidas de restricción de movimiento, traslados arbitrarios de reclusos y un patrón de hostigamiento constante que afecta no solo a civiles y activistas de derechos humanos, sino también a militares disidentes, periodistas y trabajadores de la prensa.
La necesidad de evaluaciones individuales en los procesos de asilo
Ante este panorama, la organización de exiliados dirigió una petición formal a los jueces de inmigración y a las autoridades administrativas de Estados Unidos para que eviten generalizar la situación de Venezuela basándose únicamente en el cambio de liderazgo político. La solicitud exige que cada expediente de asilo sea evaluado de forma estrictamente individual, analizando las particularidades del entorno del solicitante y la vigencia de las amenazas en su contra.
La organización sostiene que un ciudadano venezolano no debe perder su derecho a recibir protección internacional por el solo hecho de que Maduro ya no esté en el poder. En su lugar, el análisis de los tribunales estadounidenses debería enfocarse en determinar la identidad de los perseguidores específicos de cada solicitante, verificar si dichos actores aún retienen sus cargos o su influencia local, y evaluar si mantienen la capacidad operativa y la intención de infligir daño al solicitante en caso de un eventual retorno forzado.
El restablecimiento pleno del Estado de derecho es un proceso complejo que requiere la reforma estructural del poder judicial, la depuración de los cuerpos de seguridad y la garantía de que los responsables de violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. Mientras estas condiciones no se cumplan y el aparato de seguridad del Estado permanezca sin modificaciones sustanciales, el regreso de los ciudadanos que se encuentran bajo régimen de protección internacional seguirá representando un riesgo para su integridad física y su libertad.
