“Una maniobra para no liberarlo”: Inicia nuevo juicio contra teniente coronel Igbert Marín Chaparro
Después de haber cumplido una condena de siete años y seis meses de prisión, al teniente coronel Igbert Marín Chaparro lo quieren condenar a 30 años de cárcel. La ONG Realidad Helicoide publicó en su cuenta de X que este lunes 7 de septiembre arrancó un juicio oral y público contra el militar por supuestos
El sistema de justicia venezolano ha iniciado un nuevo juicio oral y público contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien podría ser condenado a una pena de hasta 30 años de prisión a pesar de haber cumplido de manera íntegra su condena previa de siete años y seis meses. De acuerdo con una investigación publicada por el portal Runrun.es, este nuevo proceso judicial es calificado por organizaciones no gubernamentales y familiares del militar como un mecanismo institucional para impedir su excarcelación. La reactivación de los cargos penales bajo nuevas denominaciones procesales ilustra el uso del aparato de justicia para prolongar de forma indefinida la detención de figuras consideradas disidentes.
El origen de la nueva causa penal y el "Caso La Viñeta"
De acuerdo con información divulgada por la organización no gubernamental Realidad Helicoide a través de sus canales informativos, el nuevo juicio oral y público contra el oficial de la Fuerza Armada comenzó el lunes 7 de septiembre. La base de esta nueva acusación judicial es el expediente denominado "Caso La Viñeta", mediante el cual la fiscalía imputa al militar por presuntos delitos de terrorismo.
La hipótesis presentada por las autoridades judiciales sostiene que Marín Chaparro, mientras se encontraba incomunicado y bajo custodia absoluta del Estado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la urbanización Boleíta, en Caracas, elaboró un plano detallado desde su celda. Según la versión oficial, este croquis tenía como objetivo coordinar la captura de altos funcionarios de la administración pública y perpetrar un atentado contra la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Tanto los familiares del uniformado como los activistas de derechos humanos han cuestionado la veracidad de estos señalamientos. Destacan la imposibilidad física y logística de que un detenido bajo un régimen de aislamiento estricto, sin acceso a materiales básicos ni comunicación exterior, pudiese planificar operaciones de tal envergadura. Runrun.es reportó que, como antecedente directo de este juicio, el militar fue sometido a una audiencia de presentación calificada como clandestina el pasado 1 de febrero de 2024 dentro de las propias instalaciones de la Dgcim, donde se le formularon cargos por asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria.
La prolongación de la detención y el cumplimiento de la pena
La defensa legal y los allegados del teniente coronel denunciaron que Marín Chaparro terminó de pagar la totalidad de su condena original el pasado 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, la apertura del "Caso La Viñeta" se produjo antes de que se tramitara su boleta de excarcelación, lo que impidió que recuperara su libertad tras extinguirse la responsabilidad penal de su primera sentencia.
Esta práctica de encadenar procesos judiciales o formular nuevos cargos penales justo cuando se aproxima la fecha de liberación de un detenido ha sido documentada por diversos organismos humanitarios en el país. Los familiares insisten en que la acusación de terrorismo es una maniobra administrativa diseñada exclusivamente para mantener al oficial tras las rejas, elevando la posible condena a la pena máxima de 30 años de prisión contemplada en la legislación venezolana.
La líder política María Corina Machado se pronunció sobre este caso a través de sus plataformas digitales, donde advirtió sobre la gravedad de las condiciones en las que se encuentra el militar en el internado judicial de El Rodeo I, lugar donde permanece recluido a pesar de haber cumplido la pena que le fue impuesta inicialmente por los tribunales militares.
El cuadro clínico y el deterioro de la salud en reclusión
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha realizado un seguimiento detallado sobre el estado físico de Marín Chaparro, alertando sobre las secuelas que han dejado los años de reclusión en su organismo. Según los informes técnicos de esta organización, el militar presenta tendinitis aguda en su muñeca izquierda, una lesión derivada directamente del uso prolongado y excesivo de esposas durante sus traslados y períodos de contención.
Asimismo, la hermana del detenido, Ignell Marín, declaró al OVP que el teniente coronel padece de hernias que no han recibido ningún tipo de evaluación o tratamiento quirúrgico. La situación médica más crítica se originó durante su permanencia en la sede de la Dgcim, donde sufrió un episodio severo de hipertensión arterial que no fue atendido de manera oportuna por personal calificado. Como consecuencia directa de esta crisis hipertensiva desatendida, Marín Chaparro sufrió la pérdida parcial de la visión en su ojo izquierdo.
A pesar de las reiteradas solicitudes formales introducidas por la defensa y los familiares ante los tribunales correspondientes para que se le autorice una evaluación médica especializada y se controle su presión arterial, las autoridades penitenciarias han ignorado las peticiones, manteniendo al interno sin la asistencia clínica requerida para sus patologías crónicas.
Exigencias a la Defensoría del Pueblo
Ante la gravedad del estado de salud del teniente coronel, el Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que la Defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lotato, asumió públicamente el compromiso de revisar de manera prioritaria los expedientes de aquellos privados de libertad que presentan patologías médicas graves o de carácter degenerativo.
La organización no gubernamental instó formalmente a la funcionaria a ejercer las atribuciones constitucionales inherentes a su cargo para garantizar el derecho
