Muere reclusa en La Crisálida por falta de atención médica: Ya son 26 los fallecidos bajo custodia en tres meses
Una nueva muerte bajo la custodia del Estado venezolano evidencia la crisis sanitaria e institucional dentro de los centros penitenciarios del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado 20 de junio de 2026 el fallecimiento de Fabiana Desirée Páez Fernández, quien se encontraba recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas
La muerte de Fabiana Desirée Páez Fernández, una mujer privada de libertad que padecía insuficiencia respiratoria y otras dolencias crónicas sin recibir atención médica adecuada, en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda, ha encendido una vez más las alarmas sobre la profunda crisis humanitaria que azota el sistema penitenciario venezolano. Este trágico deceso, el primero documentado en La Crisálida desde su inauguración en 2018, eleva a 26 la cifra de fallecidos bajo custodia del Estado en apenas tres meses, entre abril y junio de 2026, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La Crisis en La Crisálida: Un Hito Mortal y Condiciones Infrahumanas
El fallecimiento de Fabiana Páez Fernández, ocurrido este sábado 20 de junio de 2026, es mucho más que una estadística; es el reflejo palpable de un sistema que falla en su deber más elemental: garantizar la vida y la salud de quienes están bajo su custodia. Páez Fernández, recluida en una institución destinada supuestamente a la "formación", fue víctima de la ausencia de una atención médica integral y especializada que sus patologías crónicas demandaban con urgencia. Su caso es particularmente significativo para La Crisálida, un centro establecido en las antiguas instalaciones del Internado Judicial de Los Teques, que hasta ahora no había registrado muertes de internas. Este precedente sienta un escalofriante hito, transformando un espacio que debería ser de resguardo en un lugar donde la negligencia puede costar la vida.
Las condiciones de reclusión en La Crisálida, donde actualmente conviven aproximadamente 320 mujeres, son descritas por el OVP como precarias y violatorias de los derechos humanos más básicos. El hacinamiento se ha vuelto severo, exacerbado por la masiva detención de mujeres en el contexto de las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Esta sobrepoblación no solo incrementa la tensión y la insalubridad, sino que también dificulta cualquier intento de brindar atención médica o condiciones de vida dignas. A ello se suman graves fallas de infraestructura que comprometen la dignidad de las internas, como la crisis crónica de agua, donde las reclusas reciben un único envase de este vital líquido para cubrir todas sus necesidades diarias: aseo personal, preparación de alimentos y lavado de ropa. Esta escasez extrema es un caldo de cultivo para enfermedades y una afrenta directa a la salud pública y la higiene.
Además, el OVP ha denunciado la preocupante práctica de mezclar poblaciones, donde presas políticas comparten celdas comunes con presas sociales, una situación que vulnera principios fundamentales de clasificación penitenciaria y puede generar riesgos adicionales para la seguridad y los derechos de las reclusas. La conjunción de hacinamiento, falta de servicios básicos y negligencia médica crea un ambiente donde la supervivencia se convierte en una lucha diaria y la muerte, como la de Fabiana Páez, en una consecuencia lamentablemente predecible.
Una Epidemia Silenciosa: Cifras que Revelan una Crisis Humanitaria Penitenciaria
El caso de Fabiana Páez Fernández no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que revela una crisis humanitaria de proporciones alarmantes dentro de las prisiones venezolanas. Los 26 fallecimientos registrados bajo custodia estatal entre abril y junio de 2026 son una muestra aterradora de la sistemática vulneración del derecho a la vida y a la salud. Solo en el mes de junio, el OVP también ha documentado las muertes de Yosevet de Jesús Lozada en la cárcel de Rodeo III, en Miranda, y de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, la antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia. Estos nombres, junto al de Fabiana, son testimonio de una realidad que se repite en distintos centros de detención a lo largo y ancho del país.
La magnitud del problema se hace aún más evidente al revisar los datos anuales. El Informe Anual 2025 del OVP ya había documentado la muerte de 181 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado. De ese total, una cifra impactante de al menos 151 individuos, que representa un abrumador 95%, perecieron debido a razones de salud directamente vinculadas con la negligencia médica y la ausencia de tratamientos adecuados. Esta estadística no solo subraya la falta de acceso a servicios sanitarios básicos, sino que apunta a una política de desatención que raya en el abandono institucional. La muerte de una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en 2025, también registrada por el OVP, refuerza el patrón de vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres en el sistema penitenciario.
La responsabilidad del Estado en estos decesos es ineludible. Al privar a una persona de su libertad, el Estado asume la obligación de proteger su vida, su integridad física y su salud. La falta de asistencia médica no es una deficiencia menor; es una falla fundamental en el cumplimiento de los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Las enfermedades crónicas, las infecciones y las afecciones respiratorias, que en un entorno con atención médica serían tratables o manejables, se convierten en sentencias de muerte dentro de un sistema carcelario colapsado y deshumanizado.
Un Llamado Urgente a la Intervención y la Dignidad Humana
Ante este sombrío panorama, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha elevado una exigencia perentoria: la intervención urgente y la dotación médica especializada en La Crisálida y en todos los centros de reclusión del país. La organización insiste en que estas medidas son indispensables para frenar la cadena de decesos que son, en esencia, muertes evitables. La provisión de personal médico calificado, medicamentos esenciales y equipos diagnósticos no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para salvaguardar la vida de miles de personas.
La situación actual del sistema penitenciario venezolano, administrado por el Ministerio del Servicio Penitenciario, refleja una profunda crisis estructural que va más allá de la atención médica. Es un problema sistémico de hacinamiento crónico, infraestructura deteriorada, corrupción rampante y una flagrante desatención a los derechos humanos. La mezcla de poblaciones, la escasez de agua, la insalubridad y la falta de acceso a la justicia y a una defensa adecuada son componentes de un mismo problema que despoja de dignidad a quienes se encuentran tras las rejas.
La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil venezolana han denunciado reiteradamente estas condiciones. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente, lo que perpetúa un ciclo de violaciones y tragedias. La muerte de Fabiana Desirée Páez Fernández y la alarmante cifra de 26 fallecidos en tan solo tres meses son un crudo recordatorio de que la vida humana tiene un valor inalienable, incluso para aquellos que se encuentran privados de libertad, y que la inacción del Estado en esta materia tiene consecuencias mortales. La exigencia de una intervención real y efectiva no es solo una demanda humanitaria, sino un imperativo moral y legal para un país que aspira a respetar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos.
