Una intensa movilización de cuerpos de seguridad, bomberos y equipos de rescate nacionales e internacionales se registró durante la madrugada del 23 de julio en la torre G del complejo residencial OPPPE 26, situado en Caraballeda, estado La Guaira. El despliegue técnico y médico se activó ante la sospecha de haber localizado señales de vida bajo las estructuras colapsadas, a casi un mes de que un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudiera el territorio venezolano. Sin embargo, de acuerdo con reportes obtenidos por el medio digital El Pitazo, las labores de rescate no arrojaron resultados positivos inmediatos y la expectativa inicial se disipó con el transcurso de las horas.
El suceso generó una rápida concentración de ambulancias y personal de salud en las inmediaciones de la estructura afectada. Los equipos médicos se encontraban preparados para aplicar los protocolos de estabilización y traslado de sobrevivientes, una logística que requirió la coordinación de múltiples instituciones pero que debió suspenderse ante la falta de hallazgos concretos en el área de búsqueda.
El despliegue técnico en la torre G
La alerta en la torre G de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) número 26 movilizó recursos de alta tecnología y personal especializado. Carlos Cienfuegos, integrante del grupo de rescate mexicano Topos USAR, detalló en declaraciones ofrecidas al periodista Joan Camargo que los sensores térmicos registraron dos señales de calor distintas: una de mayor intensidad y otra considerablemente más pequeña. Los especialistas estimaron inicialmente que podría tratarse de un sobreviviente humano acompañado de un animal doméstico de dimensiones menores, como un gato.
No obstante, las condiciones físicas del terreno impidieron un avance rápido y seguro. Cienfuegos describió la operación como de alto riesgo debido a la inestabilidad de la estructura colapsada. El trabajo debió ejecutarse por los laterales de los escombros para evitar un derrumbe total del techo sobre las áreas de búsqueda. El protocolo implicaba la perforación lateral y la remoción controlada de mobiliario pesado, bajo la hipótesis de que la posible víctima se encontrara a un lado de un sofá atrapado en la estructura.
