Por apoyar a María Corina Machado: dirigente denuncia retención de su camioneta desde 2024
Táchira.- Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron al exdiputado William Forero el pasado 4 de julio de 2024, en el inicio de la campaña electoral de Edmundo González Urrutia, para la elección presidencial del 28 de julio, pulsada por María Corina Machado. Los uniformados le decomisaron su camioneta Mazda, una corneta y una planta
El dirigente político y presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Táchira, William Forero, denunció la retención arbitraria de sus bienes particulares por parte de organismos de seguridad del Estado, una medida que se mantiene desde julio de 2024. De acuerdo con un reporte del medio digital El Pitazo, el exparlamentario atribuye este procedimiento a represalias políticas debido a su respaldo público a la líder opositora María Corina Machado y su participación en la campaña electoral de la Plataforma Unitaria Democrática.
La acción policial contra Forero se ejecutó en el contexto del inicio formal de la campaña para los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, los cuales tenían como candidato opositor a Edmundo González Urrutia. Desde entonces, el dirigente regional ha enfrentado tanto la pérdida de sus herramientas de trabajo y movilidad como presiones de carácter fiscal en sus propiedades comerciales.
Los hechos y la retención de bienes en San Cristóbal
El 4 de julio de 2024, funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) interceptaron a William Forero en el estado Táchira. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron a decomisar una camioneta marca Mazda de su propiedad, así como un equipo de sonido compuesto por una corneta y una planta eléctrica. Según la denuncia recogida por El Pitazo, los agentes actuantes no presentaron ninguna orden judicial, justificación legal ni notificaron la presunta comisión de algún delito que argumentara la retención de los equipos.
A pesar del tiempo transcurrido, los bienes del dirigente político continúan bajo custodia de los cuerpos de seguridad sin que se haya iniciado un proceso judicial formal que ampare dicha medida. Forero explicó que no había hecho pública la denuncia de manera inmediata debido a que recibió amenazas directas tras el decomiso, lo que le obligó a mantener bajo resguardo su integridad física y la de su entorno familiar durante los meses posteriores al evento electoral.
Para el dirigente regional, no existen dudas de que el despojo de su vehículo y de los equipos de sonido responde exclusivamente a motivaciones políticas, vinculadas a su rol organizativo en las movilizaciones opositoras en el estado andino.
Fiscalización y sanciones administrativas
El procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana no fue el único mecanismo de presión aplicado contra el presidente de Un Nuevo Tiempo en Táchira. De acuerdo con el testimonio brindado a El Pitazo, el 6 de julio de 2024, apenas dos días después de la retención de su vehículo, funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) se presentaron en un local comercial de su propiedad.
El establecimiento, un restaurante ubicado en la ciudad de San Cristóbal, se encontraba cerrado al público y sin actividad comercial activa desde hacía varios años. No obstante, Forero utilizaba ocasionalmente las instalaciones físicas para ofrecer ruedas de prensa o facilitar encuentros de partidos políticos de la región. La inspección del organismo tributario se justificó bajo el supuesto de que María Corina Machado realizaría un encuentro con medios de comunicación en dicho espacio.
Como resultado de la fiscalización, el Seniat impuso un total de 18 multas al establecimiento inactivo. El monto global de las sanciones administrativas asciende a casi 3.000 euros, una deuda que el dirigente político asegura estar intentando saldar en medio de las dificultades económicas que supone mantener un local sin producción comercial.
Antecedentes de persecución y trayectoria política
La situación que enfrenta William Forero no representa su primer encuentro con la persecución por motivos ideológicos en el país. El dirigente cuenta con una trayectoria de disidencia que se remonta a los primeros años de la administración de Hugo Chávez. En el año 2003, Forero fue arrestado y posteriormente condenado a cumplir una pena de dos años de prisión, lo que lo convirtió, según sus propias palabras, en uno de los primeros presos políticos de ese período de gobierno.
Tras recibir la boleta de excarcelación en el año 2005, el político tachirense debió cumplir con un régimen de presentación obligatoria ante los tribunales de la causa durante un lapso adicional de cuatro años. A lo largo de las últimas dos décadas, Forero ha mantenido su actividad dentro de la oposición venezolana, llegando a postularse como candidato a la Asamblea Nacional por voto lista en el proceso electoral de mayo de 2025.
El dirigente sostiene que el uso de su patrimonio privado para respaldar actividades cívicas y democráticas ha sido una constante en su carrera, lo que a su vez lo ha convertido en un blanco recurrente de fiscalizaciones, detenciones y hostigamiento por parte de las autoridades locales y nacionales.
El uso de instituciones públicas como herramienta de control
El caso de William Forero ilustra un patrón documentado por diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela, consistente en el uso de instituciones del Estado para sancionar a ciudadanos y líderes políticos de la oposición. El empleo del Seniat y de los cuerpos de seguridad civil para clausurar negocios, retener vehículos o confiscar equipos de sonido fue una práctica recurrente durante la campaña electoral de 2024.
Este tipo de medidas genera graves implicaciones económicas y sociales para los afectados:
- Asfixia financiera: La imposición de multas elevadas en moneda extranjera a comercios cerrados o de baja actividad reduce la capacidad de subsistencia de los propietarios y desincentiva la actividad empresarial en las regiones.
- Vulneración del derecho a la propiedad: El decomiso de vehículos y herramientas de trabajo sin el debido proceso judicial priva a los ciudadanos de sus medios de sustento y movilidad, violando las garantías constitucionales vigentes.
- Efecto inhibitorio: Las amenazas y las sanciones administrativas buscan generar temor en otros comerciantes y ciudadanos para evitar que presten servicios de hospedaje, alimentación, transporte o sonido a dirigentes de la oposición.
A pesar de las presiones económicas y de la pérdida de su patrimonio personal, Forero ratificó su compromiso con la ruta civil y electoral, señalando que la persistencia en la denuncia pública es necesaria para dejar constancia de las irregularidades institucionales que enfrentan los liderazgos democráticos en el interior de Venezuela.
