“Murieron a la espera de medicinas”: Jubilados de la Alcaldía de Caroní denuncian desatención médica
Jubilados de la Alcaldía de Caroní denunciaron la muerte de 23 extrabajadores por no garantizarles una atención médica oportuna, mientras persisten retrasos laborales como el beneficio de cestaticket. Ciudad Guayana. Más de 1200 jubilados, pensionados y personas con discapacidad adscritos a la Alcaldía de Caroní sobreviven en medio de deudas laborales, enfermedades sin atención oportuna, […]
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Ciudad Guayana, estado Bolívar – Un velo de luto y desolación cubre los hogares de cientos de jubilados y pensionados en Caroní, donde la desatención médica se ha cobrado la vida de al menos 23 extrabajadores municipales en los últimos dos años. La precaria situación de más de 1200 personas, entre extrabajadores de la Alcaldía de Caroní y personas con discapacidad, se ha convertido en un grito silencioso que resuena en los pasillos de una institución que, según denuncian, les ha dado la espalda, sumiéndolos en una batalla diaria contra la enfermedad y la indiferencia.
La Comisión de Jubilados, Pensionados y Discapacitados de la Alcaldía de Caroní ha levantado su voz para denunciar una realidad desgarradora: la pérdida de vidas que pudieron haberse salvado con una atención de salud oportuna. Estos hombres y mujeres, que dedicaron años de su vida al servicio público, hoy enfrentan un crepúsculo marcado por la angustia de no poder acceder a los tratamientos, medicamentos o exámenes que sus cuerpos envejecidos y enfermos demandan. Es una muerte lenta, una agonía que se vive en la soledad de la espera, mientras las deudas laborales se acumulan y los servicios de salud se desvanecen.
La Deuda Que Asfixia y Mata
José Gregorio Vásquez, vocero de los extrabajadores, no oculta su indignación al señalar la deuda acumulada de 37 meses por concepto de cesta ticket, una obligación que la Alcaldía de Caroní ha incumplido flagrantemente, violando la cláusula 87 del contrato colectivo. Esta deuda, que para muchos representa el único ingreso adicional para cubrir necesidades básicas, se ha convertido en una barrera insalvable para acceder a la salud. “Han fallecido más de 23 compañeros jubilados por no tener cómo cubrir sus necesidades médicas prioritarias. Muchos murieron esperando medicinas y atención, en la más absoluta desesperanza”, relata Vásquez con una voz cargada de dolor y frustración. La imposibilidad de comprar un simple analgésico, un medicamento para la tensión o realizarse un examen diagnóstico, condena a estos héroes anónimos a un desenlace fatal que pudo haberse evitado.
La situación de los jubilados de Caroní no es un caso aislado, sino un espejo de la profunda crisis humanitaria que azota a la fuerza laboral de Guayana. Las organizaciones sindicales de las empresas básicas de la región han venido alertando desde hace años sobre un escenario similar, donde la desidia institucional y el colapso de los servicios de salud han cobrado un peaje inaceptable en vidas humanas. La tragedia se extiende, tejiendo una red de sufrimiento que abarca a miles de familias en todo el estado Bolívar.
Un Hospital Sin Esperanza: El Caso de la CVG
Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales y Técnicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), dibuja un panorama igualmente sombrío. Sus palabras resuenan con la misma urgencia y desesperación: las muertes de trabajadores y sus familiares por la falta de una atención médica adecuada son una constante dolorosa. La esperanza de vida de quienes dedicaron su juventud y esfuerzo a la construcción de la nación se ve truncada por la carencia de lo más elemental en el sistema de salud laboral.
El epicentro de esta crisis para los trabajadores de la CVG es el llamado Hospital de los Trabajadores. Lo que una vez fue un edificio administrativo, adaptado para la atención médica, hoy es una estructura que languidece, desprovista de los equipos, insumos y medicamentos más básicos. “El personal puede tener disposición de trabajar, pero si no existen equipos, medicinas ni tratamientos, seguirán ocurriendo fallecimientos que pudieron evitarse con atención a tiempo”, enfatiza Gómez, señalando la impotencia del personal médico ante la escasez crónica. La buena voluntad no puede suplir la falta de recursos, y cada día que pasa sin una solución, la lista de víctimas se alarga.
La Desaparición de un Beneficio Vital
La memoria colectiva de los trabajadores de la CVG evoca tiempos en los que la seguridad social no era una quimera. Anteriormente, contaban con un robusto servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) de cobertura nacional, un beneficio que garantizaba atención inmediata en clínicas privadas ante cualquier emergencia. Este sistema, que ofrecía tranquilidad y certeza en momentos de vulnerabilidad, fue eliminado de manera abrupta, dejando a miles de familias a la deriva. La promesa de una atención integral se desvaneció, y en su lugar, se les remite exclusivamente al Hospital de los Trabajadores, cuya capacidad es notoriamente insuficiente para atender la vasta demanda y la complejidad de las patologías.
La cruda realidad se manifestó recientemente en el caso de un trabajador de la CVG que, al no poder recibir la atención adecuada en el hospital designado, tuvo que ser trasladado de emergencia. Lamentablemente, su vida se apagó poco después en el hospital de Ferrominera. Este trágico suceso, que no es un hecho aislado, subraya la urgencia de la situación y la necesidad imperante de un cambio. Cada traslado de emergencia, cada espera por un insumo, cada puerta cerrada en una clínica privada por falta de un seguro, se convierte en un capítulo más de este drama humano que se desarrolla en el corazón industrial de Venezuela.
Un Llamado Desesperado a la Acción
La voz de Ramón Gómez resuena con un llamado a la acción inmediata: “Esto no puede seguir ocurriendo. Es necesario un plan de emergencia que incluya clínicas privadas para atender casos urgentes”. La vida de los trabajadores y sus familias no puede seguir siendo moneda de cambio en la ineficiencia y la desidia. Es una cuestión de dignidad y de justicia social. A su vez, el líder sindical exige a las autoridades de la CVG que ejecuten soluciones concretas e inmediatas ante el deterioro alarmante del sistema de salud laboral. La hora de las promesas vacías ha terminado; la hora de la acción es ahora.
Los jubilados del holding CVG, con la angustia reflejada en sus rostros, han elevado su clamor directamente a las más altas esferas del poder, con un mensaje claro y contundente: “No queremos más muertos”. Este grito desesperado es el eco de una generación que construyó los cimientos de la riqueza nacional y que hoy se ve abandonada a su suerte. Es un recordatorio doloroso de que la vida humana no tiene precio, y que la responsabilidad de proteger a los más vulnerables recae en quienes ostentan el poder. La indiferencia no puede ser la respuesta ante el sufrimiento de quienes lo dieron todo por el país.
La persistencia de estas muertes por desatención médica en Guayana no es solo una cifra, sino la manifestación más cruel de una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente y humana. Es un llamado a la conciencia de las autoridades, a recordar que detrás de cada expediente hay una vida, una historia, una familia que espera justicia y, sobre todo, una atención digna en los años dorados que deberían ser de merecido descanso, no de angustia y abandono. La deuda con estos hombres y mujeres no es solo económica, es una deuda moral que clama por ser saldada antes de que más vidas se pierdan en el olvido.
