Criminólogo Luis Izquiel: No hay garantía de que la corrupción no pase de las alcabalas al patrullaje
Para Luis Izquiel, abogado y criminólogo experto en seguridad, la eliminación de puntos fijos es insuficiente si no va acompañada de una depuración profunda en los cuerpos policiales. A su juicio, sin supervisión institucional ni mejoras salariales, la corrupción podría migrar de las alcabalas al patrullaje. Caracas. Prometida como una solución para erradicar los abusos […]
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La reciente orden del Ejecutivo venezolano de retirar los puntos de control fijos en las zonas urbanas del país plantea interrogantes sobre la verdadera eficacia de la medida frente a las prácticas de extorsión policial. De acuerdo con el abogado y criminólogo Luis Izquiel, en declaraciones ofrecidas al medio digital Crónica Uno, la reubicación de los funcionarios sin una depuración estructural previa amenaza con trasladar las redes de corrupción desde las alcabalas fijas hacia los cuadrantes de patrullaje móvil. El especialista advierte que la disposición gubernamental, anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el pasado 25 de agosto, mantiene un vacío regulatorio sobre las autopistas y vías troncales del territorio nacional.
Exclusión de las autopistas y el impacto en los productores
La medida gubernamental se circunscribe de forma exclusiva a los perímetros urbanos de las ciudades, lo que deja fuera de la regulación a las autopistas, carreteras troncales y vías que comunican a las distintas entidades federales. Según el análisis de Izquiel para Crónica Uno, esta delimitación territorial genera incertidumbre en las principales rutas de transporte de bienes y alimentos del país. Al quedar excluidas del decreto, las alcabalas instaladas en las autopistas nacionales mantendrán su operatividad regular bajo la presunción de que la orden del Ejecutivo no les afecta de manera directa.
Esta situación resulta preocupante para los sectores productivos, especialmente para los trabajadores del campo y los transportistas de carga pesada. El especialista recordó que las vías interurbanas registran un historial constante de denuncias por cobros irregulares y retenciones de mercancía por parte de agentes policiales y militares. La permanencia de estos puntos de control fijos en las carreteras nacionales desvirtúa el propósito de simplificación de trámites y libre tránsito que formalmente busca promover la administración central con esta directriz.
El riesgo de mudar la extorsión al patrullaje
La erradicación de las estructuras físicas de las alcabalas no garantiza, por sí sola, el fin de las malas prácticas policiales si no se acompaña de una reforma institucional profunda. El criminólogo advierte que, ante la ausencia de salarios acordes a la realidad económica y la falta de mecanismos internos de control, los funcionarios habituados a la extorsión en puntos fijos podrían reproducir estas conductas delictivas durante sus labores de vigilancia móvil, ya sea a pie, en motocicletas o en unidades patrulleras.
Desde una perspectiva estrictamente técnica en materia de seguridad ciudadana, el patrullaje continuo posee una efectividad significativamente mayor para la prevención del delito que el establecimiento de alcabalas estáticas. Sin embargo, Izquiel enfatiza que el beneficio operativo para la ciudadanía solo se concretará si existe un proceso riguroso de depuración, sanción y remoción de los agentes que incurran en desvíos policiales. De lo contrario, la vulnerabilidad del ciudadano común simplemente cambiará de escenario, pasando de las intersecciones viales fijas a cualquier calle donde sea abordado por una patrulla en movimiento.
El historial de anuncios incumplidos y desacato normativo
La viabilidad real de esta nueva disposición gubernamental se enfrenta al escepticismo derivado de precedentes similares que no llegaron a ejecutarse en la práctica. En el año 2021, Nicolás Maduro anunció públicamente una medida de eliminación de alcabalas que finalmente no se tradujo en un cambio concreto en la dinámica vial del país. En aquella oportunidad, los puntos de control continuaron operando de manera habitual debido a la falta de supervisión y al desacato de las directrices por parte de las propias instituciones policiales y militares.
Asimismo, el marco legal venezolano ya contempla regulaciones específicas para el funcionamiento de estas estructuras que suelen ser ignoradas en la cotidianidad. Una resolución conjunta emitida en 2021 por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y de la Defensa, estipula que toda alcabala debe contar con la autorización previa de la Zona Operativa de Defensa
