El deterioro estructural provocado por los movimientos telúricos del pasado 24 de junio mantiene en situación de vulnerabilidad a trece familias del edificio Los Guanchez, ubicado en la entrada de la calle Colombia del sector La Silsa, en Catia, al oeste de Caracas. Una inspección técnica realizada por la Alcaldía del municipio Libertador determinó que el inmueble, con una antigüedad estimada de 75 años, se encuentra bajo la clasificación de "uso restringido", lo que impide la permanencia continua de sus habitantes. Ante la falta de recursos económicos para asumir obras de gran envergadura, los afectados solicitan la intervención de los organismos del Estado para ejecutar una rehabilitación integral de la estructura.
Clasificación técnica y diagnóstico de la infraestructura
La evaluación del edificio se llevó a cabo el sábado 26 de julio, más de un mes después de registrarse los sismos en la región capital. Funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador aplicaron el protocolo del sistema de semáforo habitacional, una metodología oficial empleada por las instituciones gubernamentales para determinar el nivel de riesgo en estructuras afectadas por eventos naturales. Tras la revisión física de los daños, las autoridades colocaron una etiqueta amarilla en la fachada del inmueble, una señalización que advierte sobre un riesgo moderado y prohíbe la permanencia continua de personas dentro de los espacios.
La edificación presenta un desgaste acumulado por sus más de siete décadas de existencia. A mediados de este año, la comunidad organizada había ejecutado de manera independiente la sustitución de tuberías para corregir filtraciones de aguas servidas. De acuerdo con los testimonios de los residentes, en diversas oportunidades han gestionado solicitudes ante entes gubernamentales para obtener apoyo en la recuperación de las áreas comunes del inmueble; sin embargo, estas peticiones fueron desestimadas bajo el argumento institucional de que los habitantes poseen la condición de ocupantes irregulares. Esta clasificación administrativa ha limitado el acceso de la comunidad a planes estatales de vivienda y mejoras de infraestructura durante más de dos décadas.
