Parlamento chavista da primer paso a la reforma judicial pactada en el diálogo con la AN 2015
La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia modifica específicamente el artículo 65, que amplía la composición del comité de postulaciones judiciales. De ser aprobada, ahora estará integrado por 11 diputados y 12 representantes de otros sectores de la sociedad civil. Caracas. La Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó este jueves, […]
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La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una medida que modifica la estructura del Comité de Postulaciones Judiciales e incrementa el número de sus integrantes de 21 a 23. Esta iniciativa representa el primer avance legislativo concreto derivado de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre los representantes de la administración de Nicolás Maduro y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015. De acuerdo con el texto presentado en la plenaria, la reforma busca otorgar una mayoría numérica a los representantes de los sectores sociales en el proceso de preselección de los magistrados del máximo tribunal del país.
Reconfiguración del Comité de Postulaciones
El núcleo de la reforma se concentra en la modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ. Según el proyecto aprobado, el Comité de Postulaciones Judiciales pasará a estar integrado por 11 diputados y 12 representantes de distintos sectores de la sociedad civil. Esta nueva distribución altera la composición vigente, la cual establecía una estructura de 11 parlamentarios y 10 representantes sociales, totalizando 21 miembros.
Con este incremento de un puesto para la representación no parlamentaria, los voceros de la sociedad civil asumirán la mayoría numérica dentro del organismo encargado de evaluar y preseleccionar las candidaturas a magistrados del TSJ, quienes ejercen la máxima jerarquía judicial en la República.
El proyecto de ley contempla que la totalidad de los 23 integrantes del comité serán designados por la plenaria de la Asamblea Nacional. Para esta aprobación se requerirá el voto calificado de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, conforme a las exigencias legales establecidas para este tipo de designaciones institucionales.
El mecanismo de selección y las disposiciones transitorias
El proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales se ejecutará en dos fases diferenciadas. En la primera etapa, los 11 diputados seleccionados constituirán una Comisión Preliminar. Este grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de realizar la convocatoria pública, recibir las postulaciones de los ciudadanos interesados y evaluar sus credenciales. Posteriormente, esta comisión presentará el listado de aspirantes ante la plenaria del Parlamento, instancia que procederá a elegir a los 12 miembros restantes de la sociedad civil que completarán el comité de 23 integrantes.
Asimismo, la propuesta legislativa incorpora una disposición transitoria de carácter provisional. Esta norma ordena a la Asamblea Nacional que, una vez que la reforma sea publicada en la Gaceta Oficial, se proceda a reconstituir la Comisión Preliminar que había sido seleccionada previamente en el mes de mayo.
La finalidad de esta medida transitoria es activar de manera inmediata el procedimiento formal de postulación, evaluación, selección y posterior designación de la totalidad de los magistrados que integran las diferentes salas del TSJ, así como de los directores y titulares de sus órganos auxiliares.
El debate político y los acuerdos de la mesa de diálogo
La presentación del proyecto de reforma ante la plenaria estuvo a cargo del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Durante su intervención, el parlamentario detalló que la modificación incrementa la representación social de 10 a 12 voceros, mientras que la cuota de diputados se mantiene sin variaciones en 11 firmas. Infante vinculó esta propuesta con el proceso de reestructuración del sistema de justicia que coordina la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y señaló que la medida responde directamente a los acercamientos políticos sostenidos durante el mes de agosto entre los delegados del Ejecutivo y los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.
El diputado Infante también puntualizó que el proceso para la renovación de las autoridades del TSJ ya se encontraba en la agenda del Parlamento antes del inicio de estas conversaciones, pero acotó que el acuerdo político firmado el pasado 12 de agosto aceleró y definió los términos específicos de esta reconfiguración en la instancia de evaluación judicial.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, valoró de forma positiva que los consensos alcanzados en las mesas de negociación se traduzcan de manera temprana en instrumentos jurídicos concretos dentro de las primeras sesiones de debate. No obstante, Rodríguez aclaró que las condiciones acordadas con los representantes de la legislatura de 2015 no limitan ni condicionan las facultades constitucionales del actual Poder Legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional enfatizó que tanto la ratificación del Comité de Postulaciones como el nombramiento definitivo de los magistrados serán competencia exclusiva del Parlamento que preside, señalando que las decisiones constitucionales solo se discutirán y decidirán en la Asamblea Nacional electa para el período correspondiente.
Rodríguez también hizo un llamado a los legisladores a profundizar los cambios en la estructura judicial del país, instando a avanzar hacia una transformación integral del sistema de justicia sin reservas procedimentales.
Demandas de independencia y la voz de los derechos humanos
Desde la bancada de la oposición, el diputado Luis Florido, integrante del Grupo Parlamentario Libertad, manifestó el respaldo de su fracción a la aprobación en primera discusión del proyecto de reforma. Sin embargo, el parlamentario advirtió que las modificaciones no deben limitarse exclusivamente al cambio de nombres en las magistraturas del TSJ. Florido señaló que uno de los problemas estructurales del sistema es la politización de la actividad judicial y remarcó la necesidad de que los nuevos magistrados sean profesionales independientes, probos y desvinculados de intereses partidistas para garantizar la estabilidad y la confianza institucional necesaria para el desarrollo del país.
Por otra parte, la discusión sobre la transparencia y la participación ciudadana en estos procesos de reforma judicial ha generado reacciones en el sector de la sociedad civil y los derechos humanos. La activista y defensora de derechos humanos Martha Tineo cuestionó públicamente el rol de la ciudadanía y las organizaciones independientes en estos escenarios de negociación política con la interrogante: "¿Y si nos quedamos callados, quién va a hablar?". Su postura refleja la preocupación de diversos sectores sociales respecto al alcance real de las reformas y la necesidad de mantener una contraloría ciudadana activa sobre el sistema de administración de justicia.
Tras su aprobación en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del TSJ fue remitido a la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento. Esta instancia técnica será la encargada de elaborar el informe definitivo que servirá de base para la segunda discusión en la plenaria, donde se decidirá la sanción definitiva de la ley.
