Pareja fue detenida tras ser agredida en una alcabala improvisada de la PNB en Caucagüita (VIDEO)
Una pareja fue detenida y, según se constata en un video que se volvió viral en redes, una de las víctimas fue agredida por
Una funcionaria de la Secretaría de Protección de Menores del municipio Sucre y su pareja, identificada como Freddy Hernández, fueron arrestados en el sector San Isidro de Caucagüita, en el estado Miranda, tras un altercado físico con oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde del miércoles 2 de septiembre en la carretera que comunica Petare con Guarenas, de acuerdo con las denuncias difundidas a través de plataformas digitales y registros audiovisuales del suceso. La aprehensión de ambas personas se produjo luego de que la mujer fuera agredida físicamente por uno de los uniformados cuando intentaba documentar el procedimiento con su teléfono celular en un punto de control que carecía de la señalización reglamentaria.
El desarrollo del incidente en la vía Petare-Guarenas
Los acontecimientos se desencadenaron cuando la pareja transitaba por el sector San Isidro de Caucagüita y fue retenida por funcionarios adscritos al comando local de la Policía Nacional Bolivariana. Conforme a los reportes de los testigos y la información que acompaña a la denuncia pública, la situación se tornó tensa en el momento en que la trabajadora de la institución de protección de menores comenzó a grabar la actuación de los uniformados con su dispositivo móvil. Esta acción de contraloría ciudadana generó una respuesta de los agentes de seguridad.
En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa el momento en que uno de los funcionarios policiales agrede físicamente a la ciudadana para impedir que continúe el registro audiovisual. Tras este altercado, tanto la mujer como su pareja, Freddy Hernández, fueron privados de su libertad por los efectivos actuantes. Según los reportes disponibles sobre el caso, ambos ciudadanos fueron trasladados y permanecen recluidos en la sede policial ubicada en la zona de Mariches, a la espera de que se defina su situación jurídica y se establezcan los cargos correspondientes.
Ausencia de señalización y sospechas de irregularidad
Uno de los aspectos centrales de la denuncia formulada por los ciudadanos y reflejada en los reportes del suceso es la naturaleza del punto de control donde se originó el conflicto. De acuerdo con las descripciones del lugar del hecho, la estructura montada por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el sector San Isidro no disponía de los implementos técnicos ni de las señales de seguridad que exige la normativa legal para el establecimiento de dispositivos de control vial.
La ausencia de elementos básicos de advertencia, tales como conos de seguridad, vallas informativas o unidades oficiales debidamente identificadas y estacionadas de forma visible, llevó a los afectados y a los testigos a calificar el procedimiento como una alcabala improvisada o irregular. Los denunciantes señalaron que la falta de estos implementos de seguridad no solo vulnera los protocolos internos de los cuerpos policiales, sino que también genera incertidumbre entre los conductores que transitan por la autopista Petare-Guarenas, quienes no pueden verificar de manera inmediata si se trata de un operativo autorizado o de una acción discrecional de los funcionarios de turno.
Contradicciones con las directrices gubernamentales
El arresto de la pareja en Caucagüita se registró pocos días después de que la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunciara una reestructuración en materia de seguridad vial que contemplaba la eliminación definitiva de las alcabalas policiales dentro de los cascos urbanos del país. La orden oficial establecía que estos puntos fijos debían ser sustituidos por un esquema de patrullaje preventivo y dinámico, diseñado para evitar el congestionamiento vehicular y reducir los márgenes de discrecionalidad en las actuaciones de los funcionarios de seguridad del Estado.
El procedimiento ejecutado por el comando de la PNB de Caucagüita contradice las instrucciones emanadas desde el Ejecutivo nacional respecto al desmontaje de los puntos de control en zonas urbanas y suburbanas. La persistencia de estas estructuras improvisadas en vías de alta circulación, como el eje que conecta a Caracas con la subregión de Guarenas-Guatire, evidencia las dificultades en la cadena de mando para hacer cumplir las resoluciones ministeriales y la resistencia de los cuerpos de seguridad locales a abandonar prácticas de control que han sido cuestionadas de manera recurrente por los usuarios de las vías públicas.
El debate sobre la actuación policial y los derechos ciudadanos
El caso ha vuelto a colocar en el centro de la discusión pública los límites de la actuación de los cuerpos policiales y el derecho de los ciudadanos a registrar mediante audio y video los procedimientos en la vía pública. Diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recordado de manera reiterada que no existe ninguna prohibición legal en el ordenamiento jurídico venezolano que impida a una persona grabar un operativo de seguridad, siempre y cuando esta acción no obstaculice de forma directa la labor de los funcionarios.
Por el contrario, la grabación de estos procedimientos suele ser la única herramienta con la que cuentan los ciudadanos para documentar presuntos abusos de autoridad o cobros irregulares. La detención de la secretaria de la Protección de Menores de Sucre y de su pareja tras haber intentado ejercer este derecho de registro pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a los funcionarios policiales que actúan al margen de los reglamentos institucionales y de las leyes de la República.
Hasta el momento, las autoridades del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como la directiva de la Policía Nacional Bolivariana, no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el estatus de los dos ciudadanos detenidos en Mariches ni sobre las medidas disciplinarias o penales que se aplicarán al funcionario implicado en la agresión física registrada en el material audiovisual. Se espera que en las próximas horas se determine si la Fiscalía del Ministerio Público iniciará una investigación formal sobre este procedimiento en la autopista Petare-Guarenas.
