Machado cuestionó acuerdos petroleros de Trump
En una entrevista concedida al The New York Times en Panamá, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado calificó de “corrupción obscena” las actuaciones del empresario Alejandro Betancourt, quien concretó un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. Machado afirmó que no
La dirigente opositora María Corina Machado tildó de "corrupción obscena" las acciones del empresario Alejandro Betancourt relacionadas con el acuerdo suscrito con el gobierno de Donald Trump para asumir el control de aproximadamente la quinta parte de las reservas hidrocarburíferas de Venezuela, según declaraciones ofrecidas al periódico estadounidense The New York Times desde Panamá. Machado remarcó que no evaluaría a Betancourt como un aliado comercial válido en un eventual mandato, aunque aclaró que los pactos energéticos y sobre recursos naturales suscritos recientemente serán acatados siempre que se enmarquen estrictamente en el ordenamiento jurídico venezolano.
Cuestionamientos a las concesiones petroleras y al perfil de Alejandro Betancourt
En las declaraciones vertidas ante The New York Times, Machado responsabilizó directamente a Betancourt por haber obtenido utilidades mediante adjudicaciones en el sector energético mientras las fallas en el sistema eléctrico nacional permanecían sin solución. A juicio de la dirigente, la gestión del empresario en materia de infraestructura eléctrica figura entre las causas centrales de los padecimientos que afronta la ciudadanía.
La posición de Betancourt adquirió dimensión estratégica en la política petrolera formulada por Washington a partir de los entendimientos alcanzados con la administración de Donald Trump. Un informe de un auditor independiente citado en el reporte periodístico señala que el empresario consolidó su patrimonio económico mediante la obtención de contratos sin licitación para la instalación de plantas generadoras, los cuales registraron sobreprecios aplicados a empresas e instituciones del Estado.
Frente a estos sealamientos, un vocero gubernamental de Estados Unidos defendió la incorporación de la firma de Betancourt basándose en su capacidad operativa, al tiempo que garantizó que los términos del acuerdo estarán sometidos a procesos de fiscalización y auditorías rigurosas. Por su parte, la representación de Betancourt difundió una aclaratoria en la que sostiene que el inversionista no ha sido objeto de imputaciones formales por delitos en ninguna jurisdicción judicial.
Pese a los cuestionamientos directos hacia Betancourt, Machado precisó que las concesiones energéticas recién pactadas no serán anuladas automáticamente bajo un nuevo gobierno, a condición de que superen la revisión legal correspondiente. La dirigente señaló que las alianzas comerciales firmadas en la actualidad representan apenas un porcentaje marginal respecto al volumen de inversión que podría recibir la nación una vez que se restablezca un marco de estabilidad institucional, seguridad jurídica y legitimidad democrática.
Desavenencias sobre el esquema de transición impulsado por Washington
La evaluación expuesta por Machado ante The New York Times incluyó discrepancias explícitas respecto a la decisión de la administración Trump de respaldar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, decisión adoptada luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, según se detalla en el texto original. Machado afirmó que Rodríguez forma parte del entramado político que causó el deterioro institucional del país y manifestó su convicción de que el diseño trazado por la Casa Blanca pudo haberse estructurado prescindiendo de dicha funcionaria.
El plan presentado por la administración estadounidense se divide en tres fases secuenciales: un período inicial de estabilización, una etapa de reactivación económica y un proceso final de transición hacia la democracia. A pesar de los reparos formulados sobre la permanencia de Rodríguez en la estructura provisional y los obstáculos para su propio regreso a territorio nacional, Machado indicó que la administración estadounidense mantiene el propósito de facilitar un cambio democrático en Venezuela.
La dirigente argumentó que la viabilidad del proceso de reconstrucción económica dependerá de la edificación de instituciones perdurables y la aperture de mercados competitivos, factores que considera indispensables para atraer flujos de capital internacional de gran escala.
Bloqueo de retorno, respaldo popular y proyecciones electorales
Durante la entrevista en Panamá, Machado denunció que continúa imposibilitada de ingresar a territorio venezolano debido a bloqueos ejecutados por las autoridades del país. La dirigente contabiliza siete intentos fallidos de retorno, entre los cuales se incluyen dos gestiones realizadas con posterioridad a los movimientos telúricos que afectaron a la nación en junio.
Pese a las restricciones de desplazamiento, reafirmó su intención de regresar a Venezuela para coordinar el trabajo político con sus bases de apoyo de cara a futuras convocatorias electorales. De acuerdo con una encuesta elaborada por la agencia Bloomberg News, Machado registra un 52% de intencion de voto en un escenario de comicios presidenciales, frente a un 19% de respaldo obtenido por Delcy Rodríguez.
La dirigente vinculó la meta de la democratización interna con la necesidad de propiciar las condiciones económicas y de seguridad que permitan el retorno de la población venezolana asentada en el exterior, al tiempo que planteó la recuperación de la estabilidad nacional como un factor clave para el equilibrio geopolítico regional.
Marco de justicia transicional y reformas institucionales
Como parte de las propuestas presentadas para la fase posterior a la transición, Machado planteó la creación de una comisión de la verdad de carácter independiente. Este organismo tendría la función de compilar los testimonios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y coordinar la ejecución de esquemas de reparación integral.
En el plano judicial, el proyecto contempla que la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos graves recaiga en los tribunales ordinarios, los cuales operarían con competencias especializadas establecidas mediante la aprobación de un nuevo instrumento legal.
Machado enfatizó que tanto la Constitución venezolana como los tratados e instrumentos internacionales suscritos por la república imponen límites estrictos al otorgamiento de beneficios procesales. En este sentido, subrayó que los crímenes que constituyen violaciones graves a los derechos humanos están legalmente excluidos de medidas de amnistía, indulto o perdón, por lo que los procesos penales correspondientes deberán ejecutarse conforme al marco normativo vigente.
