Fundaredes denuncia el asesinato de un líder uwottüja en el Alto Suapure
La ONG venezolana Fundaredes denunció este 9 de noviembre el asesinato del líder indígena Alberto González, miembro del pueblo uwottüja (tambien conocido como piaroa) en las cercanías de su comunidad: Rimu Aje, ubicada en el Alto Suapure, municipio Cedeño, estado Bolívar, en la Amazonía venezolana. Según la información recopilada por la ONG, González fue hallado
El cuerpo sin vida del líder indígena Alberto González, perteneciente a la etnia uwottüja, fue hallado sepultado en una fosa en las inmediaciones de la comunidad de Rimu Aje, en el sector del Alto Suapure, municipio Cedeño del estado Bolívar. La denuncia fue presentada este 9 de noviembre por la organización no gubernamental Fundaredes, la cual atribuyó el hecho a la operatividad de irregulares armados en esa subregión de la Amazonía venezolana, según publicó el portal periodístico Runrun.es.
Hallazgo en el Alto Suapure y presencia de irregularidades armadas
El hallazgo del cadáver de Alberto González en las cercanías de su asentamiento ancestral ocurre en un contexto de progresivo control territorial por parte de organizaciones al margen de la ley. De acuerdo con las verificaciones en campo efectuadas por Fundaredes y citadas por Runrun.es, la víctima pertenecía al pueblo uwottüja, también identificado como piaroa, una de las comunidades originarias que habitan la cuenca del río Suapure.
La presencia e incursión de estructuras al margen de la legalidad en el municipio Cedeño ha sido documentada de forma independiente por plataformas de investigación transnacional. Informes difundidos por las alianzas de investigación periodística Amazon Underworld e InSight Crime refieren que dicha jurisdicción del estado Bolívar registra el despliegue de frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las dinámicas ejercidas por estas agrupaciones en el territorio han generado repercusiones directas sobre las comunidades locales. Los reportes de Fundaredes señalan que las incursiones armadas han derivado en violencia sistemática, amenazas directas contra los habitantes de la zona y episodios de desplazamiento forzado de familias indígenas, quienes se han visto obligadas a abandonar sus tierras ancestrales para resguardar su integridad física.
Frente a este escenario, la representación de Fundaredes reiteró que ha mantenido un registro continuo de la expansión de estos grupos en territorio venezolano. La organización no gubernamental solicitó a los organismos competentes del Estado la adopción de medidas inmediatas de protección para los pueblos originarios de Bolívar, la iniciación de investigaciones rigurosas sobre los homicidios cometidos y la garantía plena de las libertades fundamentales de los comuneros.
Patrón de violencia focalizado en el municipio Cedeño
La muerte violenta de Alberto González forma parte de una seguidilla de eventos de inseguridad y presiones contra las estructuras comunitarias en la misma demarcación geográfica durante los últimos meses. Según los datos consolidados por la sociedad civil y difundidos por Runrun.es, las infraestructuras de atención social y educativa también han sufrido interferencias directas por parte de elementos armados.
El pasado 30 de octubre, la red educativa perteneciente a la fundación Fe y Alegría formalizó una denuncia pública referente a la ocupación ilegítima de uno de sus planteles en el municipio Cedeño por parte de integrantes de grupos armados no estatales. Este incidente alteró el normal funcionamiento de las actividades escolares en la localidad y vulneró el espacio consagrado a la formación de niños y jóvenes de la zona.
Asimismo, los registros de crímenes contra autoridades tradicionales registran antecedentes recientes en la misma subregión. El 11 de agosto, las organizaciones de derechos humanos informaron la localización del cadáver de Julio Rodríguez, quien ejercía como máxima autoridad del pueblo jivi ekunay en la comunidad de Mapoyo, también ubicada en el municipio Cedeño. Rodríguez permaneció desaparecido durante ocho días tras ser abordado por integrantes de organizaciones armadas de carácter paraestatal que operan en esa demarcación del estado Bolívar.
La reiteración de estos hechos evidencia un patrón de agresiones dirigidas contra la dirigencia comunitaria y las instituciones con presencia en la región amazónica venezolana, configurando un cuadro de vulnerabilidad para las poblaciones autóctonas del sur del país.
Evaluaciones internacionales y ausencia de garantías judiciales
Diversas plataformas de la sociedad civil venezolana han insistido en exhortar a las autoridades del Estado venezolano a iniciar procedimientos penales orientados a determinar las responsabilidades materiales e intelectuales en estos hechos punibles, así como a imponer las sanciones correspondientes a los autores de los homicidios y ocupaciones.
Sin embargo, el tratamiento institucional de las denuncias formuladas por las comunidades autóctonas ha sido objeto de observación por parte de instancias multilaterales. De acuerdo con las evaluaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado venezolano no ha provisto las garantías judiciales necesarias para resguardar a las comunidades indígenas ante el avance de grupos irregulares.
Los informes elaborados por la Misión de la ONU desde el año 2020 coinciden en señalar la persistencia de fallas en la tutela judicial efectiva y en la investigación de violaciones a los derechos humanos en el arco minero y zonas adyacentes del estado Bolívar. Las observaciones del organismo internacional enfatizan la falta de respuestas procesales oportunas ante las denuncias presentadas por las víctimas y sus organizaciones representativas.
El caso del líder uwottüja Alberto González se suma a los expedientes de agresiones contra defensores del territorio y autoridades autóctonas en la Amazonía venezolana, en una coyuntura marcada por la persistencia de actores armados no estatales y la exigencia de la sociedad civil para el restablecimiento del estado de derecho en las comunidades originarias.
