El mediático juicio contra funcionarios policiales, una médico forense y un allegado a la familia Améstica, acusados de encubrir el presunto asesinato del rapero Canserbero, ha desvelado profundas inconsistencias en la narrativa oficial del Ministerio Público, culminando en un revés para la acusación y la inquietante desaparición del expediente original de las muertes de Tirone González y Carlos Molnar. Este proceso judicial, que prometía consolidar la versión del doble homicidio, ha terminado por erosionar la credibilidad de la investigación y sembrar nuevas dudas sobre la verdad de los hechos.
En un giro inesperado para la Fiscalía venezolana, el 8 de abril de 2024 se dio inicio, en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, al proceso judicial contra los funcionarios de la policía científica Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto, la anatomopatóloga Solangela Mendoza, y Marcos Pratolongo, cercano a la familia Améstica. Este juicio, presidido por la jueza Sabrina Montes de Oca, contrastó drásticamente con la sentencia expedita y sin juicio público que se dictó contra los hermanos Améstica en febrero del mismo año. La decisión de ventilar esta causa de manera oral y pública sometió a una prueba de estrés sin precedentes el conjunto de evidencias que el Ministerio Público, bajo la dirección del Fiscal General Tarek William Saab —declarado fan de Canserbero—, había reunido para promover la tesis del doble homicidio de Carlos Molnar y, sobre todo, de Tirone González. El resultado, sin embargo, fue contraproducente, dejando la narrativa oficial literalmente en tela de juicio y exponiendo contradicciones y vacíos probatorios que cuestionan la veracidad de lo que se presentó como la resolución definitiva del caso.
El Desmantelamiento de la Tesis del "Doble Protocolo de Autopsia"
Uno de los pilares fundamentales sobre los que la Fiscalía de Tarek William Saab construyó su acusación de encubrimiento fue la denuncia de un supuesto "doble protocolo de autopsia" en la investigación original de 2015. Se señaló a la anatomopatóloga Solangela Mendoza por una supuesta irregularidad al utilizar dos numeraciones no correlativas (0461 y 2593) para una misma experticia forense. Esta afirmación fue incluso impulsada por el propio Fiscal General a través de sus redes sociales, insinuando una manipulación deliberada.
Sin embargo, el escrutinio durante el juicio y un análisis profundo de los procedimientos forenses desvirtuaron por completo esta acusación. Expertos consultados y la documentación revisada revelan un desconocimiento fundamental por parte del Ministerio Público sobre el funcionamiento de las morgues y la nomenclatura forense estándar. El procedimiento habitual dicta que el anatomopatólogo de guardia elabora un informe inicial a mano, el cual es luego transcrito por una secretaria y certificado por el especialista con su firma. Los libros administrativos de las morgues registran las copias certificadas de estas transcripciones que se entregan a solicitud de organismos judiciales o policiales.
