El ‘ángel de la guarda’ del teniente coronel Parra le augura impunidad
¿Feminicidio en 2018? No es para tanto. ¿Desfalco a la Nación en 2024? Apenas dos años tras las rejas y después ya se verá. Eso es lo que ha obtenido Manuel Parra Ramírez, oficial de la Guardia Nacional, en su constante regateo con la justicia. Acumula en su haber un par de procesos penales: de uno nunca rindió cuentas reales y del otro acaba de salir por una medida cautelar. ¿Qué lo hace invulnerable? Quizás la sombra protectora de un viejo compañero de armas que hoy es el rostro emblemático de la tortura en Venezuela.
El teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Manuel Salvador Parra Ramírez, enfrenta procesos penales por su presunta participación como cooperador inmediato en el feminicidio de Karla Stefanie Romero Quintero en el estado Táchira, así como por cargos de desfalco a la nación relacionados con la gestión de la filial petrolera PDV Marina. Según una investigación periodística difundida por el portal Armando.info, el oficial continuó su avance en el escalafón militar y en la administración pública a pesar de contar con imputaciones y órdenes de aprehensión vigentes en los tribunales venezolanos.
Las evidencias en la investigación por feminicidio
El expediente judicial revisado por Armando.info detalla que los hechos vinculados al homicidio de Karla Stefanie Romero Quintero, estudiante de Derecho de 24 años de edad, comenzaron a estructurarse la noche del 28 de abril de 2018 en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. En esa fecha, la víctima sostuvo una reunión en un establecimiento comercial con Manuel Salvador Parra Ramírez, quien para el momento ostentaba el rango de mayor de la GNB, con el objetivo de finalizar la relación sentimental que mantenían desde hacía un año.
Durante la velada, en la que también estuvieron presentes familiares de la estudiante, se registró la permanencia de dos hombres en una mesa contigua. De acuerdo con el testimonio telefónico ofrecido al medio investigador por Luz del Mar Romero, hermana de la víctima y actualmente en el exilio, Romero Quintero notó irregularidades en la conducta de los sujetos, a quienes el oficial justificó preliminarmente como integrantes de su esquema de seguridad personal.
Las pesquisas posteriores incorporadas al expediente judicial determinaron que los individuos presentes en el lugar eran el sargento de la GNB Ledynsson Berkley Becerra Castillo y Wilfrid Andrés Tovar Landetta. La investigación estableció que la función de ambos hombres no correspondía a labores de custodia, sino a la identificación física de la estudiante para transmitir las características a los ejecutores del crimen.
El 9 de mayo de 2018, Karla Romero fue asesinada tras recibir tres disparos en la urbanización Pirineos III de la capital tachirense. Meses después del suceso, la Fiscalía imputó formalmente a Manuel Salvador Parra Ramírez y a Becerra Castillo bajo la calificación jurídica de cooperadores inmediatos en el delito de feminicidio agravado.
Ascensos en la estructura militar y administrativa
A pesar del expediente abierto por el caso del estado Táchira y de las solicitudes de detención emitidas en su contra, las medidas cautelares privativas de libertad no se ejecutaron contra el oficial. La reconstrucción de su trayectoria indica que Parra Ramírez permaneció activo dentro de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En el año 2020, mediante decisión del Ejecutivo nacional, Parra Ramírez recibió el ascenso al rango de teniente coronel. Posteriormente, fue asignado a la Guardia de Honor Presidencial para integrarse al anillo de seguridad institucional, organismo en el cual ya había prestado servicios en el año 2011.
Su progresión en la administración pública continuó en 2022 con su nombramiento como presidente de PDV Marina, entidad filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) responsable de la gestión, transporte y logística de la flota marítima de tanqueros de la corporación estatal. Documentos y testimonios recabados por el trabajo de investigación señalan que el ascenso de Parra Ramírez en la estructura burocrática petrolera contó con el respaldo directo del coronel del Ejército Antonio José Pérez Suárez, quien ejercía como vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa.
El proceso penal por irregularidades en la industria petrolera
La gestión de Parra Ramírez al frente de la filial marítima concluyó en 2024, cuando fue detenido en el marco de las actuaciones judiciales llevadas a cabo por los organismos de seguridad en el denominado caso Pdvsa-Cripto, investigación orientada a sancionar esquemas de corrupción y desvío de fondos en la comercialización de hidrocarburos.
En febrero de 2026, el oficial obtuvo una medida sustitutiva de libertad que le permitió salir de su sitio de reclusión. Las informaciones judiciales recabadas indican que Parra Ramírez mantiene la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales correspondientes mientras avanza la causa en su contra.
El juicio oral y público por los delitos de desfalco a las arcas públicas se inició el 20 de abril de 2026 en la ciudad de Caracas, bajo la conducción de la jueza Alejandra Verónica Romero Castillo. Las audiencias determinaran las responsabilidades penales de las exautoridades de PDV Marina en la administración de los recursos del Estado.
Seguimiento a las causas judiciales pendientes
El caso de Manuel Salvador Parra Ramírez expone la superposición de dos expedientes de naturaleza penal librados en distintas instancias del sistema de justicia. Por un lado, la causa abierta en el estado Táchira por el delito de feminicidio agravado en grado de cooperación inmediata sigue registrada en los archivos tribunalicios tras ocho años del asesinato de Karla Romero.
Por otro lado, el expediente iniciado en los tribunales anticorrupción de Caracas por la administración de la flota petrolera transita la fase de debate oral. Las familiares de la víctima del crimen ocurrido en San Cristóbal han mantenido la denuncia pública sobre el retraso procesal en la causa por feminicidio, mientras el acusado enfrenta en libertad condicionada los cargos por delitos contra el patrimonio público.
